¿Educación pública de calidad?

Varios estudiantes fueron testigos del acto, que ha ocurrido pese a que Ate ha sido contemplada como una zona en estado de emergencia debido a los altos índices de violencia y criminalidad, de acuerdo con el Decreto Supremo Nº 100-2024-PCM, firmado en septiembre del año en curso por la Presidenta el la República, el Presidente del Consejo de Ministros, El Ministro de Defensa, el Ministro del Interior y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.

En adición a la pérdida irreparable de una vida, está la certeza de que los colegios no pueden ser considerados espacios seguros para la niñez y la adolescencia en este país, en tanto no se preste atención (y se derive presupuesto) a atender la violencia estructural, erradicar los abusos dentro de las aulas y, por supuesto, mejorar la calidad educativa.

Justo antes de nuestra migración a Italia, las niñas asistieron por algunos meses a un colegio público cerca de casa de la abuela peruana. Una experiencia interesante y motivadora (las niñas estaban felices, además). Aquella fue la primera vez que, como familia, apostamos por una institución del Estado (porque antes, al igual que miles de personas de clase media, habíamos caído en la promesa de “asegurarles un futuro mejor”).

En varios países de América Latina se encuentra muy instaurada la idea de que el poder adquisitivo debe venir vinculado directamente al uso de servicios privados. En resumen: si tienes plata, mejor paga y te evitas malos ratos. O, lo que es peor: si tienes plata, no pretendas quitarle un cupo en la escuela (o el hospital) a quien no cuenta con tus mismos recursos.

Esta es una distorsión muy grande sobre la utilidad del sistema público. Se nos ha hecho creer que se trata de “servicios para pobres” y, en este modo viciado y clasista de pensar, es muy fácil justificar ineficacia, maltrato y negligencia por parte de los profesionales que brindan las atenciones, en tanto que las personas con cierta seguridad económica podemos comprar amabilidad en clínicas y escuelas privadas.

Hay varios estudios en Perú que abordan el fenómeno de la preservación de élites a través de la educación particular. El más reciente se llama “¿De qué colegio eres? La reproducción de la clase alta en el Perú” (Luciana Reátegui, Alvaro Grompone y Mauricio Rentería. Instituto de Estudios Peruanos, Lima 2022).

Este trabajo de investigación nos ayuda a comprender que los esfuerzos por preservar argollas educativas y de contactos, prácticamente desde la escuela materna, sostiene la desigualdad y mantiene reservadas las posiciones de poder, tanto en las instancias de gobierno como en grandes empresas, Mass Media e, incluso, agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, para ser ocupadas por un reducido número de personas.

Estas mismas personas son las que contratan seguros de salud carísimos, y pagan colegios privados con pensiones mensuales que pueden quintuplicar un salario mínimo vital en el país, las más prestigiosas universidades particulares de Lima e intercambios educativos en el extranjero.

Por supuesto, también hay niñas, niños, adolescentes y jóvenes de bajos recursos que consiguen alcanzar subvenciones y becas, con esfuerzo, amplias capacidades y mucho sacrificio de sus familias. Pero este grupo constituye la excepción que confirma la regla y el Estado está llamado a garantizar el acceso universal, no solo de las excepciones.

Una razón de peso por la que decidimos vivir en Italia fue, precisamente, la inserción educativa de nuestras hijas. Aunque no es el sistema más avanzado de Europa, llega a garantizar que cada niño y niña, sin importar su origen étnico, nacionalidad, religión, idioma o situación social, pueda asistir a clases, recibir un trato digno y una formación adecuada, en la institución educativa pública más cercana a casa y sin que esto obligue a papá y mamá a trabajar sin descanso.

Sé que, con respecto a América, este continente ha pasado por procesos diferentes hasta llegar al actual estado de bienestar (que pende de un hilo, por cierto). Sin embargo, algo común en diversos países que he podido conocer es que existe una valoración general de los servicios públicos (sobre todo educación, salud y transporte) y, por tanto, una exigencia fuerte de parte de la población. Incide, además, el hecho de que muchas personas con dinero y/o poder político también hacen uso de estos servicios.

Si los hijos e hijas de los principales empresarios peruanos asistieran a colegios públicos, probablemente las mafias no habrían llegado a sus maestros y directores.

Si los parlamentarios peruanos llegaran al Congreso en bus urbano, los conductores no se habrían convertido en víctimas de extorsiones, ni el tránsito limeño sería el desastre que es.

Y ya entrando en temas más “otakus”, ¿se imaginan a un investigador de la Facultad de Antropología de la Universidad principal de la capital mudándose con sus hijas al campo, para que su esposa pueda tener una vida cómoda tras salir del hospital, y enviando a su preadolescente a la escuela fiscal de la villa?

Difícil, ¿verdad?